INTRODUCCIÓN
México atraviesa por una aparente crisis de seguridad y violencia que no depende de hechos aislados, sino de una situación estructural, con distintas manifestaciones y que suele ser multifactorial (Observatorio Nacional Ciudadano de Justicia y Legalidad: ONC, 2017). Una de las formas en que esto se ha visto reflejado es en el aumento de la incidencia delictiva; tal como se indica las estadísticas proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registró un crecimiento mensual en delitos que atentan contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexual, así como los que atentan contra el patrimonio, la familia y la sociedad durante los primeros seis meses del 2018, de acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común (2018).
 
No obstante, el panorama estadístico es apenas una premisa de lo que acontece al país, dado que solo se contabilizan los delitos registrados por las autoridades, dejando fuera aquellos que no son denunciados, por lo que, la tasa de denuncia que existe es baja; se estima que sólo dos de cada diez delitos son denunciados (Zavaleta, 2011). Además, existen inconsistencias en los registros que van desde errores de procedimiento, discrecionalidad o por corrupción dentro de los sistemas de procuración y administración de la justicia (Jiménez, 2003). Consecuentemente, la disminución del respeto por la ley genera un ambiente de riesgo y la sociedad se vuelve frágil, dando lugar al surgimiento de conflictos como el crimen organizado, corrupción, altos niveles de homicidios o el consumo de drogas, que, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2013), de estas múltiples manifestaciones que afectan a la sociedad, las drogas pueden llegar a ser las más graves (en determinadas circunstancias), sobre todo en países con altas tasas de desempleo, violencia, pobreza, desigualdad y dónde las organizaciones sociales o de apoyo ante estos fenómenos son reducidas, lo cual profundiza los obstáculos para el acceso a servicios sociales, de salud y educación y generando mayor vulnerabilidad frente al consumo (OEA, 2013).
 
De este modo es como el consumo de sustancias y la comisión de delitos comprenden un problema tanto de seguridad, como de salud pública (Vilalta, 2010), puesto que las drogas tienen una manifestación visible en diferentes formas de violencia, ya sea por estar asociadas directamente con el crimen organizado, por actos delictivos vinculados con adquirir drogas en el mercado ilegal o por actos inducidos por la intoxicación de sustancias psicoactivas (Medina-Mora et al., 2013).
 
En México, el consumo y abuso de drogas es uno de los problemas de salud de mayor relevancia debido a las consecuencias sociales y sanitarias que experimentan quienes las consumen; la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) señala que el 10.3% de la población con edades desde 12 a 65 años ha consumido una droga al menos una vez en su vida. El grupo con mayor prevalencia de consumo es la población adulta con edades de 18 a 34 años (22.8% hombres, 7.6% mujeres). Jalisco se encuentra en los estados con porcentajes más altos de consumo de drogas ilegales (15.3%), seguido por Quintana Roo (14.9%) y Baja California (13.5%), siendo el alcohol, la droga de inicio más frecuente (CONADIC, 2017); en efecto, su consumo nocivo es uno de los principales problemas en Latinoamérica, dado que es legal consumirlo en la mayoría de los países; sin embargo, ocupa el tercer lugar a nivel mundial entre los factores de riesgo de enfermedades y se ha comprobado que incrementa el riesgo de consumir otro tipo de sustancias (Ahumada- Cortez et al., 2017).
 
Resulta imprescindible ahondar no   solo   en las consecuencias sociales del consumo de drogas (como la delincuencia), sino también en los efectos biológicos y particularidades que afectan el desarrollo del control inhibitorio (López-Caneda, et. al. 2013). De tal manera que, desde el panorama social y de seguridad, el problema de las drogas impulsa el crimen, la violencia, la corrupción, la impunidad y genera impactos económicos en la sociedad a través de diversos canales; desde el panorama de salud pública, genera costos de atención a la salud derivados de las actividades delictivas, la propagación de enfermedades, la conducción imprudente de automóviles y otras formas de agresividad potencial (OEA, 2013).
 
Sin embargo, no se ha logrado convencer a la sociedad de la base social y biológica que tiene la adicción a sustancias, continúa sin ser visto como un problema compartido entre aspectos tanto de índole social como de salud pública, por lo que, tampoco se ha conseguido estructurar las estrategias necesarias para lograr que quien usa, abusa o depende de sustancias tenga un estilo de vida mejor que el actual y que logre un mejor funcionamiento social e interpersonal; contrariamente, se suele marginar a quienes son dependientes de sustancias o a quienes se encuentran en proceso de recuperación y rehabilitación, incluso, cuando son incluidos son considerados como grupos que deben ser tratados de diferente manera por el hecho de pertenecer a una minoría; tal es el caso de la población penitenciaria, Larrotta et al. (2017), indican que el consumo de drogas conlleva a que algunos de sus autores sean condenados con penas privativas de la libertad, recluyéndoseles en cárceles donde se siguen detectando factores de riesgo relacionados con el consumo, que en lugar de contribuir, afecta el proceso de resocialización que persigue la pena impuesta. Castellanos (2015) también expone que la situación del consumo de drogas se agrava cuando ocurre dentro de los centros penitenciarios, incrementando la violencia y la corrupción dentro de ellos. En una muestra de internos (n=323), con edades comprendidas entre los 19 y 61 años (hombres=93,8%; mujeres=6,2%), se encontró que al menos el 87.6% consumió alguna sustancia estando en prisión y el 44.9% de éstas, eran ilícitas (Larrota, et. al., 2017).
 
El Observatorio Nacional de Prisiones (ONP) reportó en 2017 un total de 205,139 personas privadas de la libertad (PPL) en México y se estima que al menos el 87% de esas personas fueron víctimas de algún acto de corrupción durante su reclusión. Aunque las estadísticas de personas en detención son elevadas, no se observa que la actividad delictiva disminuya en el país, lo cual, pone de manifiesto que la institución carcelaria en México no parece ocupar un lugar de importancia en el esquema social de contención y lucha frente al incremento de la criminalidad, sino que, responde como una estrategia de castigo diferencial dirigido hacia quienes no pudieron evitar ser procesados y sentenciados, más que a una política articulada y consistente que enfrente la criminalidad dentro de un marco de respeto a la legalidad y a las garantías constitucionales (Bergman y Azaola, 2007). En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2017) realizó un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), donde se exponen las condiciones que atraviesan las Personas Privadas de la Libertad en México. Existe una insuficiencia en programas para prevención de adicciones, desintoxicación voluntaria y en programas de prevención y atención de incidentes violentos, así como deficiencias tanto en el personal de seguridad como en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias, sumando la presencia de actividades ilícitas y el ejercicio de funciones de autoridad por parte de los internos (autogobierno/cogobierno).
 
Lo anterior constituye un factor de riesgo para la seguridad, la integridad de las Personas Privadas de la Libertad, de quienes ahí laboran y los visitan, y en general el respeto de los derechos humanos (CNDH, 2017). Se han estudiado científica y empíricamente los factores de riesgo criminal entre poblaciones carcelarias; Bergman, Fondevila, Vilalta y Azaola (2014), encontraron que la población en reclusión es relativamente joven; la edad media al momento de su detención, tanto entre hombres como entre mujeres suele ser a los 30 años de edad y que al menos el 39.4% reportaron haber consumido alguna sustancia psicotrópica (alcohol o droga ilegal) seis horas antes de cometer el delito por el que estaban sentenciados. Pérez, Gallego y Arenas (2008), reportaron en un estudio que el 42% de los reclusos declaró haber consumido heroína alguna vez en la vida, 59% cocaína y el 24% y 40% respectivamente, consumían estas drogas en los 30 días previos al ingreso en prisión, por lo que, destacan al consumo y abuso de drogas como un factor tanto previo, como paralelo a la prisión. Otro estudio realizado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD, 2015), reportó que el 47% de los participantes estaban ahí por algún delito que tenía relación con drogas, el 38,9% señaló haber cometido el delito bajo el efecto de sustancias y el 18,6% vincula su delito con acciones para la producción y/o venta de drogas.
 
De acuerdo con Bravo (2016), el nexo entre delincuencia y drogas ha tratado de explicarse desde diferentes puntos de vista, ya sea porque la delincuencia propicia el consumo de drogas, las drogas conllevan a la comisión de delitos, que tanto el consumo de drogas, como la delincuencia están simultáneamente correlacionados, o que los dos fenómenos parten de una serie de variables comunes, mismas que comprenden estilos de vida, patrones de comportamiento y factores de vulnerabilidad de un sujeto desde momentos evolutivos especialmente críticos; por ende, los efectos de las drogas son diferentes en cada persona y dependen de una multiplicidad de factores psicológicos, biológicos y situacionales (Walters, 2014 en Esbec & Echeburúa, 2016). Por este motivo es vital abordar factores individuales, características psicobiológicas y temperamentales propias de cada sujeto; una variable que destaca desde esta vertiente es la impulsividad (Sobral et al., 2000). La impulsividad es considerada como un marcador de vulnerabilidad de gran relevancia en la explicación de los procesos adictivos, tanto para explicar el inicio, como el mantenimiento del consumo de drogas (Moreno-Ramos et al., 2016).
 
Arias (2013), define esta variable como un concepto multidimensional que comprende la tendencia a actuar rápido y sin reflexión, que envuelve a distintas emociones, el procesamiento rápido de la información, la búsqueda de sensaciones y la inhabilidad para demorar la recompensa. Gray (1987) fue de los primeros en abordar estos elementos, destacando que el comportamiento, además de ser forzado por las condiciones externas del individuo, puede estar impulsado desde dentro y a raíz de estos estudios, postuló un modelo de dos sistemas independientes que permiten interactuar con el medio ambiente; el primero denominado Sistema de Inhibición Conductual (Behavioral Inhibition System: BIS, por sus siglas en inglés) y el segundo Sistema de Activación Conductual (Behavioral Activation System: BAS, por sus siglas en inglés) (Gray, 1972; 1981 en Pulido et. al., 2016).
 
El sistema BIS conlleva la inhibición de conductas, el compromiso de los procesos de evaluación de riesgos y el escaneo de la memoria y el entorno para ayudar a resolver objetivos o conflictos (Gray & McNaughton, 2000 en Pickering & Corr, 2008); su mecanismo de acción comprende la sensibilidad individual para responder ante señales condicionadas de castigo, de no-recompensa, estímulos novedosos y estímulos innatos de miedo; al activarse este sistema, pasa de un estado comprobador a un estado control (aumento de la atención), provocando como respuesta la inhibición de conducta (evitación pasiva), su actividad corresponde a estructuras como el septum, hipocampo, hipotálamo; de manera que, la persona realiza una evaluación de las situaciones externas atribuyéndoles el valor de buenas o malas y en función de las expectativas generadas, puede inhibir el comportamiento (Corr, 2004). Por su parte el BAS, se asocia con la susceptibilidad a la recompensa y la impulsividad (Barranco et al., 2009) y se encarga de activar la conducta ante estímulos condicionados recompensantes y señales de seguridad. Su funcionamiento corresponde a sistemas dopaminérgicos, vías ascendentes al estriado dorsal y ventral, entre otros (Gray, 1987); el mecanismo de acción del BAS, detecta los estímulos tanto condicionados como incondicionados que han sido asociados a recompensas, promoviendo entonces, conductas de aproximación (activación de la conducta) hacia dichos estímulos (Corr, 2004 en Adrían-Ventura et al., 2017).
 
Los sistemas BIS/BAS se han estudiado para comprender la etiología de comportamientos tanto adictivos, como antisociales; sugieren una relación general entre la motivación hacia un incentivo positivo y la personalidad, que dicho de otro modo, el deseo de consumir sustancias adictivas, sería un estado motivacional de incentivo que puede ser explicado por la sobreactivación del BAS, debido a que ésta permitiría que la persona se esfuerce más en realizar acciones cuyo fin es la recompensa (los efectos de consumir una sustancia, por ejemplo), con independencia de las posibles consecuencias negativas que implique dicha conducta (Corr, 1999; Bijttebier et al., 2009; en Martínez et al., 2012). Por eso es que, formas particulares de psicopatología, especialmente las adicciones, pueden entenderse en términos de un sistema BIS disminuido y un sistema BAS aumentado (Pulido et al., 2016), cuya activación interior previa a la comisión de un acto y la gratificación en el momento de llevarlo a cabo son también componentes de la impulsividad (Forcada et al., 2006).
 
El objetivo de este estudio se centró en determinar el nivel de asociación entre el consumo de drogas, los delitos, los sistemas BIS/BAS y la impulsividad en Personas Privadas de la Libertad, dado que características y/o rasgos de personalidad propios de la interacción de estas variables tienen una influencia directa en la conducta; para efectos de este estudio, se analizaron por separado, contextualizando en la crisis que enfrenta la sociedad en materia de salud y seguridad, de manera particular, en la población penitenciaria.
 
 
MÉTODO
Se realizó una investigación no experimental, cuantitativa, de corte transversal y correlacional, evaluando a una población total de 250 personas privadas de la libertad pertenecientes a un Centro Penitenciario de mediana seguridad, ubicado en el Estado de Jalisco México, cuya selección de los participantes se realizó mediante un muestreo por representatividad. Después de la limpieza de la base de datos la muestra final fue de 175 PPL; el rango de edad fue de 20 a 72 años con una media de edad de 36.7 (DE= 9.43).
 
Instrumentos
Se diseñó   un   cuestionario   para   identificar las principales variables sociodemográficas y penitenciarias de los participantes.
 
Para evaluar la sensibilidad al castigo y a la recompensa (sistemas BIS/BAS), se utilizó la Escala BIS/BAS (EBIS/EBAS); desarrollada por Carver y White (1994) para evaluar las diferencias individuales en la sensibilidad de los sistemas de inhibición y de activación conductual; consta de 24 ítems (4 de relleno: 1, 6, 11, 17). Para su análisis de datos, se sumaron las puntuaciones totales de cada una de las escalas para obtener los puntajes de corte, cuyo resultado fue agrupado en tres niveles (Bajo, Medio, Alto) para determinar la sensibilidad al castigo (BIS) y a la recompensa (BAS).
 
Para la variable de impulsividad, se aplicó la Escala de impulsividad de Plutchik (EI): diseñada por Plutchik y Van Praag (1989) cuyo instrumento ha sido validado en población psiquiátrica y penitenciaria mexicana (Arias, 2013). Consta de un cuestionario de 15 ítems con una escala tipo Likert con 4 posibles respuestas (nunca, a veces, a menudo, casi siempre), puntuadas respectivamente de 0 a 3. El valor final de la EI se obtiene sumando la puntuación de cada ítem, por tanto, estará entre 0 y 45 (Alcázar-Córcoles et al, 2015). Al sumar las puntuaciones totales de cada participante, los puntajes de corte se dividieron en dos categorías para determinar el grado de impulsividad: de 0 a 19 es considerada baja y de 20 a 45 alta.
 
Procedimiento
La aplicación de las pruebas (a lápiz y papel) se llevó a cabo en siete sesiones con una duración aproximada de una hora; los grupos de participantes estuvieron conformados por cuarenta personas privadas de la libertad en cada sesión, mismas que se realizaron en las aulas del Área Escolar de la institución penitenciaria.
 
En lo que respecta al análisis de datos, se calificaron las puntuaciones de cada instrumento y se elaboró una matriz de datos en Excel para sistematizar y codificar cada una de las variables; se realizó un análisis inferencial de correlaciones utilizando el programa estadístico SPSS versión 24.0 (IBM, 2016) por medio de tablas cruzadas. Para determinar el nivel de asociación entre las variables, se aplicó la prueba de Chi/Ji cuadrada utilizando los valores: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 (American Psychological Association, 2010); para medir el tamaño del efecto se utilizó la d de Cohen (1969), tomando como referencia los valores + d > .2, ++ d > .5, +++ d > .8.
 
Consideraciones éticas
Se contó con el apoyo de la Dirección General de Reinserción Social y de la Dirección del Centro Penitenciario, además, todos los participantes firmaron el consentimiento informado y en todo momento tuvieron la libertad de retirarse de la investigación sin ninguna consecuencia negativa a su persona o situación jurídica.
 
Resultados
De la muestra conformada por 175 Personas Privadas de la Libertad, el 53.7% de los participantes tiene entre 20 y 35 años, por su parte, el 41.1% se encuentran en edades de los 36 a los 52 años y la media de edad fue de 36.7 (DE= 9.43). En relación a la escolaridad, el 50.3% señaló haber cursado hasta el grado de secundaria y el 24.6% sólo primaria. En cuanto al estado civil, principalmente se encontró que el 35.4% son solteros, el 29.7% están en unión libre y 18.3% casados. Con respecto al análisis descriptivo de las variables sociodemográficas en relación con el consumo de drogas, en la tabla 1 se puede observar un mayor consumo en los participantes que tienen entre 20 y 35 años, quienes no han concluido la educación básica (primaria y secundaria) y los que son solteros. Sin embargo, dicha asociación no resultó estadísticamente significativa (p <.05), pero si se percibe un efecto leve entre la edad y el consumo de drogas.

Tabla 1
Asociación de datos sociodemográficos y consumo de drogas (n=175)
 

	Consumo de drogas				p	d
	Sí	%	No	%
Edad
20 a 35 años	69	73.4	25	26.6	.242	.114
36 a 52 años	44	61.1	28	38.9
52 a 73 años	6	66.7	3	33.3
Escolaridad
Primaria	34	79.1	9	20.9	.231	.065
Secundaria	57	64.8	31	35.2
Preparatoria	26	66.7	13	33.3
Licenciatura	2	50	2	50
Estado civil
Soltero	45	72.6	17	27.4	.569	.019
Unión libre	36	69.2	16	30.8
Casado	18	56.3	14	43.8
Separado	13	76.5	4	23.5
Divorciado	5	55.6	4	44.4
Viudo	2	66.7	1	33.3

Nota: el valor de p se calculó mediante la prueba X2 (Chi cuadrada) y se utilizaron los valores d de Cohen para medir el tamaño del efecto.
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
+ d> .2, ++ d>.5, +++ d>.8
 
Las características   penitenciarias   (Tabla   2), se analizaron junto a la variable de consumo de drogas y la primera asociación que arrojó un resultado estadísticamente significativo en relación al consumo fue la situación jurídica (p <.01); la edad de la primera detención también se encontró asociada significativamente (p < .001) y se observa que el grupo donde existe un mayor consumo corresponde a los participantes que fueron detenidos alguna vez entre los 11 y los 25 años. En cuanto a las visitas no se obtuvo una asociación significativa, sin embargo, el resultado para los que reportan tener algún familiar en prisión si es estadísticamente significativo (p < .009). Con respecto del tamaño del efecto de dichas asociaciones, sólo en la variable de la edad de la primera detención se obtuvo un resultado significativo (d > .2).
 
Tabla 2
Asociación de características penitenciarias y consumo de drogas (n=175)  
                   

	Consumo de  drogas				p	D
	Sí	%	No	%
Situación Jurídica
Procesados	12	46.2	14	53.8	.01**	.104
Sentenciados	107	71.8	42	28.2
Tiempo en detención
1 a 5 años	56	62.2	34	37.8	.065	.132
6 a 12 años	55	77.5	16	22.5
13 a 26 años	7	53.8	6	46.2
Edad de primera detención
11-25 años	80	81.6	18	18.4	.001**	.226+
26-41 años	34	56.7	26	43.3
42-64 años	5	29.4	12	70.6
Recibe visitas
Sí	99	66.4	50	33.6	.29	.071
No	20	76.9	6	23.1
Quién lo visita
Padres y hermanos	41	67.2	20	32.8	.406	.041
Pareja e hijos	15	53.6	13	46.4
Amistades	4	66.7	2	33.3
Otros	39	72.2	15	27.8
Familiares detenidos
Sí	42	82.4	9	17.6	.009**	.145
No	77	62.1	47	37.9

Nota: el valor de p se calculó mediante la prueba X2 y se utilizaron los valores d de Cohen para medir el tamaño del efecto.
*p<.05, **p<.01, ***p<.001.
+ d> .2, ++ d>.5, +++ d>.8
 

 
El sistema BIS y el sistema BAS se presentaron en tres categorías (Bajo-Medio-Alto) correspondientes al nivel de sensibilidad de ambos sistemas. En lo que respecta al BIS, se encontró que el 66.3% se ubica en un nivel Medio y en el caso del BAS, el 64.6% de los participantes también obtuvo un nivel Medio. Por otra parte, los niveles de impulsividad fueron categorizados como Bajo-Alto y el análisis evidencia que el 73.7% se sitúa en un nivel Bajo, mientras que el nivel de impulsividad del 26.3% resultó ser Alto.
 
Para concluir los resultados, se presenta en la tabla 3 el análisis de asociación entre BIS BAS, impulsividad y el tipo de delito en relación al consumo de drogas donde se indica que tanto el sistema de inhibición, como el sistema de activación, no se encontraron asociados significativamente al consumo. Por su parte la impulsividad sí presenta una asociación significativa ante el consumo de drogas (p < .001); cabe señalar que, aunque el grupo mayoritario resultó con un nivel de impulsividad considerado como Bajo, es posible observar que el 61.2% de ellos sí consume, así como el 87% de los participantes que obtuvieron un nivel de impulsividad Alto, además, el tamaño del efecto también resultó significativo (d > .2). Finalmente, se aprecia un mayor porcentaje de consumo de drogas en lo que concierne a quienes se encuentran en reclusión por delitos de homicidio (81.8%), robo (71.8%), delincuencia organizada (57.9%) y violación (36.8%) con una asociación estadísticamente significativa (p <
.002).